En un asunto problemático y verdadero lío de alto gobierno se convirtió el trámite de un fallo internacional que le ordenó al Estado colombiano revisar el caso de un homosexual que le reclamó al Fondo de Previsión Social del Congreso la pensión de su compañero permanente, fallecido en 1993. Ministerios enfrentados, conceptos legales de aquí y allá, discusiones radicales y elevadas y hasta la intervención del vicepresidente Francisco Santos fueron desatados por cuenta de este peliaguda circunstancia.
El expediente es conocido como “el caso X contra Colombia”. La historia es esta: el 27 de julio de 1993, tras 22 años de relación y siete de convivencia, falleció el señor Y, funcionario del Congreso de la República. Catorce meses después, el señor X se dirigió al Fondo de Previsión Social del Legislativo para solicitar la pensión de su pareja. Y empezó el karma. En abril de 1995 el Fondo negó las pretensiones, alegando que la ley no le permitía otorgar la sustitución pensional entre personas del mismo sexo. El señor X comenzó una batalla jurídica y fue vencido una y otra y otra vez.
Interpuso una tutela, argumentando que estaba siendo discriminado por razones de su orientación sexual. Perdió. Apeló la decisión en tres ocasiones diferentes y perdió siempre. Su tutela no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.
Luego de muchos ires y venires judiciales, agotado, pero no vencido, el señor X recurrió el 13 de enero de 2001 al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tribunal encargado de revisar casos en los cuales se impide una justicia efectiva en materia de derechos civiles. El Estado aceptó hace tres décadas la competencia del Pacto y se comprometió a acatar sus decisiones.
Precisamente, el 30 de marzo de este año, el dictamen del Pacto determinó que el señor X fue discriminado por la justicia colombiana por ser homosexual y le ordenó al Estado que revisara su solicitud pensional sin tener en cuenta su condición sexual. Además, “el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones análogas del Pacto en el futuro”.
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU suscitó reacciones encontradas en el Gobierno y, de paso, abrió la puerta para que otras parejas homosexuales puedan instaurar reclamos similares.El primero de agosto pasado fue elaborado el proyecto de resolución 003 de 2007, en el cual los ministros de Interior y de Justicia, de Defensa y de Relaciones Exteriores emitían concepto favorable para dar aplicación a la recomendación formulada por el tribunal internacional. Es decir, el Estado se comprometía a revisar el caso del señor X. Sin embargo, el proyecto de resolución se quedó en eso: un proyecto. El alboroto fue mayúsculo en el Gobierno y comenzaron los enfrentamientos.
En consecuencia, el señor X estuvo a punto de ganar esta vez, pero perdió nuevamente. Ganó internacionalmente, pero en Colombia el Estado se rehusa a acatar el fallo. ¿Cuáles serán las consecuencias para el Gobierno colombiano por no aceptar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Por ahora sería difícil predecirlo, “pero es un pésimo antecedente”, sostuvo el abogado del señor Y. “Qué raro, cuando condenan al Estado por masacres nadie sale a cuestionar los fallos internacionales. Esta vez sí... ¿por qué será?”, agregó.
Entre tanto, el señor X seguirá insistiendo en su reclamación con una consigna común: quiere dejar de seguir perdiendo.
Imagen y Noticia completa en:http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=18238&idSeccion=22
1 comentario:
Gracias por compartir esa historia.
Ojalá las justas reclamaciones del señor X tengan finalmente una respuesta.
El camino es largo pero cada día se logran avances.
Saludos
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